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Alcaldes

TSA ordena al alcalde de Boca Chica entregar documentos sobre uso de suelo de gasoducto

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La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo ordenó al alcalde de Boca Chica entregar los documentos que le habían sido requeridos sobre el uso de suelo para la instalación de un gasoducto desde esa comunidad hasta la provincia San Pedro de Macorís.

El tribunal, compuesto por los magistrados Diomedes Villalona, juez presidente; Alina Mora de Mármol y Cecilia Badi, dispuso también contra el alcalde Radhamés Castro, el pago de un astriente de RD$1,000 por cada día que transcurra sin cumplir la sentencia.

“El tribunal ordenó que el Ayuntamiento entregue copia del acta del cabildo, así como los documentos depositados por los comunitarios, Aes Andrés D.R. y el Ayuntamiento de Boca Chica y la resolución del Concejo de Regidores, donde se autoriza el permiso de uso de suelo para materializar el Gasoducto André Boca Chica precisa la sentencia 00-30-03-2018-SSEN00400”, indica una nota de prensa.

Indica que la demanda en cumplimiento fue interpuesta por los regidores Valentín Moneró, Juan Rosario Ozuna, el empresario Raúl Valette y la Fundación Compromiso Social (FUCUSO), quienes exigen la entrega de información relacionada al pago de 8 millones 500 mil pesos que realizó la empresa AES Andrés al cabildo de Boca Chica, según explicó el abogado Nilson Abreu Lebrón.

Los dos regidores de Boca Chica y el empresario interpusieron el recurso de amparo por ante el Tribunal Superior Administrativo reclamando del cabildo de ese municipio y su alcalde, Radhamés Castro, para que explique sobre el manejo de los recursos ingresados por concepto de uso de suelos para el gasoducto.

“El alcalde y el ayuntamiento se han negado a dar informaciones parcialmente o de manera muy medular, sensibles a lo que tiene que ver con el manejo de los recursos de esa comunidad. Estamos hablando de un gran proyecto que desarrolla la empresa AES Andrés la cual desarrolla un gasoducto desde Boca Chica hasta la provincia de San Pedro de Macorís”, dijo Lebrón.

Los demandantes sostienen que se ha manejado con un criterio personalista y lamentó que el alcalde que votó la Ley 200-04 de libre acceso a la información se dé a la tarea de negarse a suministrar la información respecto al tema. Agregó que ante la negativa reiterada del alcalde Castro, se vieron en la necesidad de interponer el recurso ante el tribunal, aduce la nota de prensa.


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