División en propuesta de reforma constitucional

El presidente Luis Abinader aseguró que se prefirió dejar que el tema sobre la elección del procurador General de la República (Fiscal General de Estado) sea discutido en el seno del Consejo Económico y Social (CES) y no presentar una propuesta.

Indicó no se hizo una propuesta concreta en ese sentido en el proyecto de ley de modificación de la Constitución que se sometió ante el organismo de diálogo.

“Para eso es que lo estamos haciendo, para una discusión”, expresó el mandatario, al tiempo que reiteró su apoyo a la idea de un Ministerio Público independiente.

“Ojalá todo el país pueda ponerse de acuerdo en tener ese Ministerio Público independiente, para tener una justicia que sea alejada de toda intención política”, agregó el jefe del Estado.

La redacción del proyecto de ley para someterlo a debate en el CES se hizo con el propósito de modificar la Carta Magna a fin de conseguir, principalmente, que el jefe del Ministerio Público no sea elegido por el Poder Ejecutivo y que deje de formar parte del Consejo Nacional de la Magistratura.

Sin embargo, este documento sugiere delegar a la aprobación de una ley la referida designación.

Más tarde el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, también defendió la propuesta de reforma y reafirmó “la firme intención del gobierno que dirige el presidente Luis Abinader de impulsar una reforma para que el Procurador General de la República no sea designado directamente por el Poder Ejecutivo, y que no forme parte del Consejo Nacional de la Magistratura”.

Agregó que para lograr una reforma que definitivamente cierre la posibilidad de volver a tener un Ministerio Público sumiso al Poder Ejecutivo, es necesaria una modificación a la Constitución.

En tal sentido, señaló que por primera vez en muchos años, se ha presentado un proyecto de reforma constitucional en el que no se incrementa ni un ápice el poder del presidente de la República, sino que se enfatiza la separación de los poderes y el fortalecimiento de la democracia.

El Ministerio Público debe de ser el órgano formulador y ejecutor de la política del Estado de persecución contra la criminalidad. Para ello, el Gobierno debe garantizar la independencia no solo funcional sino también política, es decir, una independencia plena”, afirmó.

Diario Libre