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El Mundo

Multinacional Acciona paga multa 60 millones euros

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El grupo Acciona acepta pagar 60 millones de euros al Gobierno de Aragón para zanjar su responsabilidad civil subsidiaria en el escándalo del llamado caso Plaza, según aseguran a la prensa fuentes implicadas en la negociación y confirman en la constructora.
El Gobierno de Aragón no descarta arrancar más dinero a Acciona mediante procedimientos futuros de arbitraje, pero ha pactado como base esos 60 millones por la construcción de la llamada Plataforma Logística de Zaragoza, de titularidad pública y que se ha convertido en el mayor caso de corrupción de Aragón.
La Fiscalía Anticorrupción calcula hasta 147 millones de desvío de fondos públicos, mediante facturas y certificaciones falsas de obras en la que participaron, entre otros, ex altos cargos socialistas de la comunidad autónoma y directivos en Aragón de Acciona, adjudicataria de la construcción en Unión Temporal de Empresas con la compañía local Mariano López Navarro.
El coste total de la obra superó los 360 millones cuando se había presupuestado inicialmente la mitad y la Fiscalía acusa a 25 personas de una decena de delitos, entre ellos contra la Hacienda pública, cohecho, fraude, blanqueo, prevaricación y malversación.
Piden hasta 23 años de cárcel para el ex gerente de Plaza, Ricardo García Becerril y 7,5 para el ex vice consejero de Obras Públicas, Carlos Escó.
Fuentes de la empresa que preside José Manuel Entrecanales puntualizan que con el pago acordado de 60 millones -de los cuales 25 es deuda perdonada del Gobierno aragonés-, no implica reconocer responsabilidad en ninguna irregularidad, pero sí afrontar la civil subsidiaria al declararse faltos de fondos sus empleados acusados. Se trata de José María Jordán y Miguel Ángel Bretón, ex gerentes de Acciona en Aragón a los que se pide una década de prisión y que se encuentran actualmente suspendidos de empleo en Acciona.
Ambos, al igual que el resto de acusados, pueden ahora beneficiarse de una rebaja de las penas. La Fiscalía está ofreciendo pactos a los acusados si reconocen su culpa, pero el Gobierno de Aragón condicionaba este arreglo a que existiera garantía previa de devolución de fondos, que sólo podía ofrecer Acciona.
Las fuentes consultadas consideran clave que la constructora haya aceptado pagar para resolver así el juicio oral, que se ha retrasado al próximo 10 de diciembre para dar tiempo a los pactos.
El grupo asume un fuerte pago, pero evita el riesgo de que la cuantía final la hubiera dictado el juez de la Audiencia de Zaragoza y que podía ascender a 147 millones. Sobre el impacto en las cuentas, este tipo de casos de responsabilidad civil están previstos en los contratos de la constructora con las compañías de seguros. No obstante, aún es incierto el desenlace del juicio. Acusados como Escó y Agapito Iglesias, rechazan por ahora pactar rebajas de pena.


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