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El País

Marcha verde recibe firmas contra corrupción en el país

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Marcha Verde inició ayer en Santo Domingo Este el proceso de suscripción masiva del “Compromiso por el fin de la impunidad”, un documento donde se resumen las siete principales propuestas de transformaciones institucionales presentadas por el movimiento.
Durante un acto en el parque de Los Billeteros, activistas de la asamblea municipal de Marcha Verde explicaron que los formularios de registro de suscripciones al denominado #CompromisoVerde se distribuyen en todas las provincias y en los diferentes municipios para que la población pueda leerlo, analizarlo y sumarse a sus propuestas dirigidas a alcanzar “cárcel a los corruptos, recuperación de lo robado y cancelación de los contratos” con empresas mafiosas.
En Santo Domingo Este se han llevado varias luchas ciudadanas que han logrado triunfos ejemplares, como la lucha de Los Tres Brazos y la reciente lucha del Parque del Este.
“En este municipio hemos demostrado que donde hay lucha hay victoria. Por eso nuestra lucha pacífica continúa expandiéndose en este territorio con la firma de esta gran articulación social y política que es el Compromiso por el fin de la impunidad”, indica el documento emitido por el colectivo y leído por el activista Manuel Jiménez.
La firma del compromiso implica, primero, la renuncia y denuncia de cualquier tipo de práctica de corrupción e impunidad, incluida la compra de votos, los privilegios, abuso de poder y la prevaricación.
Sugiere propuestas de reformas y acciones contra la corrupción y la impunidad.
Promueven cárcel para los responsables de los grandes casos de corrupción y la recuperación del dinero robado al pueblo dominicano, así como la cancelación de todo contrato del Estado con empresas mafiosas, como Odebrecht.
Además solicitan la investigación independiente de la relación contractual de la Presidencia de la República con el acusado internacional Joao Santana, asesor del presidente Danilo Medina.
También justicia independiente, a través de la reconfiguración del Consejo Nacional de la Magistratura, para que el tigueraje político no pueda estar dirigiendo tribunales.
Por otro lado, sacar al Procurador del Consejo Nacional de la Magistratura y nombrar un fiscal anticorrupción independiente; sacar a los dirigentes políticos de la Cámara de Cuentas y que cualquier cambio a la Carta Magna se haga mediante una constituyente.


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