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El País

Informe cuestiona falta datos impacto ambiental minería RD

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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales no da a conocer de manera eficiente los estudios de impacto ambiental y sus informes de monitoreo a la población, principalmente a los pueblos bajo influencia directa e indirecta de proyectos mineros.
Así se establece en el “Informe Regional de Transparencia y Acceso a la Información en Industria Extractivas en América Latina y el Caribe”, realizada por una veintena de entidades que analizan casos de ocho países, entre ellos las mineras Barrick y Dovemco en la República Dominicana.
En el caso dominicano, indica que las políticas de fomento a la expansión minera no han ido de la mano con un mejor desarrollo del acceso a la información pública y transparencia, principalmente en relación a los temas ambientales y sociales.
Destaca que si bien el país es parte de iniciativas importantes como la de Transparencia en la Industria Extractiva (ITIE) y cuenta con la Ley General de Libre Acceso a la Información (200-04), esta norma no se implementa adecuadamente ni tampoco los mecanismos de participación establecidos en el reglamento del proceso de evaluación ambiental.
Cita que uno de los principales reclamos de las comunidades del país es que el Gobierno tome acciones claras y eficientes para dejar de vulnerar los derechos humanos de las comunidades y pueblos impactados directamente en los procesos de exploración y explotación.
“A la fecha, no existe un monitoreo adecuado y público por el Gobierno del cumplimiento de la Ley General de Libre Acceso a la Información; más bien lo que se ve todos los días es la ausencia de todo tipo de conocimiento e información hacia las comunidades locales”, cita el informe.
Contaminación. La publicación refiere el caso de la minería en Pueblo Viejo, Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, donde “la disposición del cianuro residual en el ámbito minero no tiene un control, seguimiento, evaluación y monitoreo independiente y tecnológicamente válido, lo que se evidencia en la Presa de Cola del Yagal, donde se concentran las sustancias peligrosas, a pesar que la Ley de Medio Ambiente exige estos elementos”.
“La referida presa contiene gran concentración de arsénico, zinc, mercurio y cadmio, sin que las comunidades tengan conocimiento de ello y del efecto de la exposición a dichos metales para la salud”.

Señala que la población necesita conocer los informes permanentes de monitoreo ambiental sobre las aguas, desechos, aire, suelos y otros, pues de esta forma podría tener una herramienta para exigir que no haya más contaminación.
Asimismo que las empresas mineras tienen la obligación legal de entregar semestralmente los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) y el Estado de verificarlos. Sin embargo, “tales informes no son dados a conocer a la población, salvo ocasionalmente. Los planes de cierre y post cierre de las empresas mineras y de los recursos comprometidos para su financiamiento tampoco se conocen y no se presentan al público”.
Expresa que tampoco se tiene constancia de que se cumplan las obligaciones financieras relativas a los depósitos en el Banco Central para el financiamiento de esos planes.
El informe cita que la mina Barrick Gold, la más grande del país, se ampara en el llamado “Contrato Especial”, por lo que es imposible conocer información “sobre sus cuentas e información sensible del proyecto”.
Además, que existe una ausencia de política sobre la entrega de información de los procesos laborales, las condiciones de trabajo, la seguridad laboral y otros aspectos en el ámbito de los proyectos extractivos, tras citar como emblemático la reciente cancelación masiva de trabajadores por la formación de un sindicato.
Corrupción. También refiere el “contrato de venta”, firmado por el Estado a través del Ministerio de Industria y Comercio y la empresa Dovemco para la explotación de los recursos de bauxita de Pedernales, “mediante el cual se encubre como una actividad comercial de compra y venta una explotación minera con décadas de operación”.
“Esto es calificado como secreto y no se evalúa, por lo que se ha asociado a casos graves de corrupción. Centenares de familias campesinas, propietarias legítimas de los territorios, han sido despojadas debido a la instalación de proyectos mineros sin ser compensadas ni reasentadas de conformidad con los estándares internacionales. Existen diversos casos y procesos en la jurisdicción inmobiliaria que llevan décadas en litigio. También se ha construido una poderosa red de corrupción en los programas de pago de una parte de esos territorios”.
Derecho. El informe señala que la falta de acceso a la información afecta al derecho de participación y que si bien la legislación dominicana señala la existencia de consulta pública, en la práctica solo se realizan las “vistas públicas” para “informar” sobre los estudios ambientales de forma incompleta.
El documento agrega que los mecanismos para el acceso a la documentación de los proyectos antes de la presentación de estudios ambientales son inexistentes, por lo que la población no llega a tener claridad y precisión sobre los proyectos y sus impactos.
Además que los contratos no se encuentran disponibles en los portales de las instituciones del sector.
Violación ley
Apunta que es sistemática la ausencia de respuesta a las solicitudes de información amparadas en la Ley 200-04, retrasos excesivos en las respuestas y denegación sin fundamento. Entre las restricciones cita: existencia de “cláusulas de confidencialidad” en los contratos; la asunción de la figura del “secreto fiscal”; y los contratos especiales aun cuando se publican en gacetas oficiales, se manipulan para que no sean conocidos o su acceso sea imposible para la población.

 


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