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El País

Experto advierte sobre riesgos del lavado activos

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El experto internacional en prevención de lavado de activos en políticas electorales, Alberto Ávila, dijo ayer que la República Dominicana, al igual que los demás países de la región, está en alto riesgo de vulnerabilidad en cuanto a la corrupción administrativa y el lavado de activos.
Durante el desarrollo del Congreso Interamericano de Prevención de Lavado de Activos y Delitos Financieros, Ávila indicó que las medidas preventivas que han implementado las autoridades dominicanas son producto de la conciencia que han tomado sobre los peligros de la inversión de recursos ilícitos en las actividades políticas del país.
Sin embargo, señaló que aunque los políticos han generado reglas para evitar que las instituciones financieras y otros sujetos no financieros utilicen recursos provenientes del crimen organizado, esos políticos no han creado las regulaciones necesarias para evitar que ellos mismos utilicen recursos de ese tipo.

Asimismo, el experto puntualizó que la falta de regulación de los recursos que se invierten en las campañas políticas ponen en riesgo el crecimiento económico del país.
“Cuando empieza a proyectarse el impacto del lavado y la delincuencia, el país deja de crecer un medio por ciento y, esto tiene un impacto brutal para una nación”, expresó.
Asimismo, indicó que el descrecimiento económico se refleja de forma directa en los servicios de la población: educación, salud e infraestructura.
De su lado, la gerente de Cesi Internacional, empresa responsable del congreso, Dicla López, manifestó que la corrupción administrativa, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo son los principales peligros que afectan a los países de todo el mundo.
López resaltó la importancia del evento para la capacitación de las autoridades responsables de crear políticas públicas para contrarrestar dichos males.
Las capacitaciones se continuarán impartiendo del 13 al 16 de junio en Punta Cana, con el tema “Un reto de todos en combate del fraude financiero, corrupción administrativa y ciberdelito”.


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