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El combate a las pandillas en El Salvador se resiste a sucesivos gobiernos

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La violencia de las pandillas de El Salvador, responsables de la mayoría de los asesinatos que se producen a diario en el país, continúa como asignatura pendiente pese a las diferentes estrategias puestas en práctica por los sucesivos gobiernos desde el final de la guerra civil (1980-1992).

Las pandillas salvadoreñas sobrevivieron a los planes de seguridad implementados en su contra por las últimas cuatro administraciones e incluso se fortalecieron, según diversos analistas.

Los distintos gobiernos que se enfrentaron a este fenómeno, considerado como una de las herencias del conflicto armado, han hecho del encarcelamiento masivo, de la confrontación directa y hasta del diálogo sus principales armas.

El Gobierno que asuma el poder el próximo 1 de junio afrontará un contexto de violencia con niveles de asesinatos superiores a los considerados como epidemia a nivel internacional, pese a la mejora que el Ejecutivo de Salvador Sánchez Cerén, bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), registró en los últimos años.

Homicidios

El país cerró el 2018 con una tasa de homicidios de 50,3 por cada 100.000 habitantes, inferior a la de 103 de 2015, año que se posicionó como el más violento de la historia reciente de El Salvador.

Sanchéz Cerén se inclinó en 2015 por una estrategia de confrontación directa con la pandillas que mantuvo hasta los primeros meses de 2016, pero una nueva escalada de los homicidios y la masacre de 11 trabajadores lo llevaron a endurecer sus planes.

El mandatario llevó la lucha contra las pandillas a un nivel de “guerra”, como él mismo reconoció en marzo de 2016, con la creación de un comando elite de policías para dar caza a los pandilleros y la aplicación de medidas carcelarias más férreas.

“Todas las medidas que hemos tomado van en el sentido de combatirlos, aunque algunos digan que estamos en una guerra, pero no queda otro camino, no hay espacio para diálogo, no hay espacios para treguas”, sostuvo el mandatario.

Esta nueva estrategia, en cuyo marco proliferaron las denuncias por ejecuciones extrajudiciales y otros atropellos policiales y militares, supuso una ruptura completa con los planes de sus antecesor, Mauricio Funes (2009-2014), también del FMLN.

Funes, asilado actualmente en Nicaragua y procesado por corrupción, impulsó un armisticio entre las principales pandillas, tregua a la que atribuyó una significativa reducción de los asesinatos.

En 2012 y 2013, años en los que se desarrolló la tregua entre la Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias, las tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes fueron de 41,5 y 39,7, respectivamente, pero este dato se elevó a 68,6 en 2014 con el fin del armisticio.

Un estudio del Instituto Centroamericano de Investigaciones para el Desarrollo y el Cambio Social (Incide) concluyó que el patrón de violencia “que venía registrándose en el país hasta finales de la primera década del presente siglo cambió (…) sobre todo a partir de la finalización de la llamada tregua entre pandillas”.

Diferentes analistas han señalado que la tregua permitió a las pandillas consolidar sus liderazgos y el control del territorio por la implementación de “municipios santuarios”, en los que el Gobierno dio prioridad a la inversión social y los cuerpos de seguridad disminuyeron su operatividad.

Según la Fiscalía, varios funcionarios del gobierno de Funes dieron prebendas a los pandilleros encarcelados para bajar la cifra de homicidios, lo que “generó corrupción al romper la legalidad del sistema penitenciario”.

De este modo, las maras sacaron ventaja de los planes de encarcelamiento masivo en los gobiernos de Francisco Flores (1999-2004) y Elías Antonio Saca (2004-2009), de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

En junio de 2003, el fallecido expresidente Flores lanzó el plan “Mano Dura”, que, entre otras, estipulaba la captura sistemática de pandilleros y jóvenes con apariencia similar.

Este plan no logró bajar la cifra de asesinatos, que pasó de 47,3 en 2002 a 55,9 por cada 100.000 habitantes en 2003, según cifras de las Naciones Unidas.

Esta alza se mantuvo hasta 2004, cuando el índice subió a 64,6 asesinatos, y en agosto de ese año Saca lanzó su propia versión del plan y lo denominó “Súper Mano Dura”, que no logró mayores cambios.

Como antesala a las elecciones del 3 de febrero, estos grupos volvieron a mostrar músculo: en los primeros 20 días del 2019 los homicidios subieron en un 5,5 por ciento y asesinaron a ocho policías y dos soldados.


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