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El País

Díaz Rúa: Germán, Rodríguez, Holguín y Mazara firmaron, no yo

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La defensa de Víctor Díaz Rúa dejó bien sentado ayer que no se andará por las ramas para demostrar que las acusaciones que le hace el Ministerio Público sobre soborno, enriquecimiento ilícito y otros, son una falacia.
De entrada, presentó pruebas al juez de que cinco adendas por más de US$221 millones que el Ministerio Público le atribuye haber firmado para recibir sobornos por los acueducto de Samaná y Hermanas Mirabal, fueron rubricadas por los ingenieros Frank Rodríguez, Mariano Germán Mejía y Alberto Holguín, exdirectores del Inapa, y el actual titular, Horacio Emilio Mazara, no por él.
Asimismo, informó que para el financiamiento de la ampliación del Acueducto de la Línea Noroeste, Díaz Rúa visitó Brasil junto a una comitiva encabezada por el actual presidente de la República, Danilo Medina, quien a la sazón era el secretario Administrativo de la Presidencia, y lograron las condiciones para liberar el mismo.
Adendas suman más de US$221 millones. Las notas en las que según el MP se cometieron irregularidades son las siguientes (los montos fueron redondeados):
Adenda I por US$49 millones, firmada por Rodríguez el 3 de enero del 2009, para el establecimiento de agua potable en Samaná.
Adenda II, por US$39 millones, firmada por Germán Mejía el 2 de abril del 2009, para obra complementaria de Samaná, conclusión acueducto Las Terrenas.
Adenda III, por US$62 millones, firmada por Germán Mejía el 7 de septiembre del 2010, para construcción y rehabilitación del acueducto Hermanas Mirabal.
Adenda IV por US$23 millones, firmada por Holguín el 14 de mayo del 2012, para construcción y rehabilitación del acueducto Hermanas Mirabal,

Adenda V por US$48 millones para llevar el acueducto Hermanas Mirabal hasta Tenares, firmada el 10 de mayo del 2013 por Mazara (en ejecución al momento de elaborar esta presentación).
La defensa de Díaz Rúa, encabezada por Miguel Valerio y Ramón Núñez, resaltó que el propio imputado le remitió de su puño y letra una comunicación a la titular de la Pepca Laura Guerrero Pelletier, con la información de quiénes habían firmado esas adendas, y no obstante a él lo dejaron en la acusación como responsable de las mismas.
“Como lo que el Ministerio Público cuestiona en su acusación son las adendas, y ya hemos demostrado que ninguna las firmó Víctor Díaz Rúa, y las responsabilidades son personales, deben ser sacadas, además de que el Ministerio Público no dice en qué consiste la irregularidad de las mismas”, dijo Núñez.
Indicó además, que de los US$286 millones que costó el Acueducto de Samaná, la parte que le tocó ejecutar a Díaz Rúa tuvo un monto de US$61 millones.
“Pero después vino Frank Rodríguez, US$67 millones; el ingeniero Germán Mejía, US$139 millones; el ingeniero Holguín, US$43 millones hasta el 2015; y actualmente el ingeniero Mazara que cortado al 2016 iba por US$3 millones”, señaló la defensa de Díaz Rúa.
En Obras Públicas. Con relación a las irregularidades que le atribuye en las obras Autopista del Coral, Corredor Duarte, y las carreteras Casabito-Constanza y El Río Jarabacoa, cuando era Ministro de Obras Públicas, la defensa de Díaz Rúa dice son “incorrectas o tergiversadas”.
Indicaron que la decisión de que el proyecto de la Autopista del Coral fuera desarrollado por Odebrecht no fue de Díaz Rúa como afirma el MP, sino producto de un memorándum de entendimiento firmado el 12 de octubre del 2006 entre Hormigones Moya y el consorcio brasileño, y el imputado fue nombrado en la cartera el 20 de agosto del 2007.

Asimismo, rechazó que a dos meses de su designación en el Inapa, en el 2004, Díaz Rúa haya realizado la Adenda III a los fines de elevar a US$161,761,441 el monto del Acueducto de la Línea Noroeste, sino que ese monto había sido aprobado en la Adenda II, artículo 6.1 firmada por el ingeniero Roberto Rodríguez el 9 de septiembre del 2003; incluidos US$157,041,317.27 para el acueducto y US$4,720,123.73 para las obras complementarias revisadas.
Indicaron que la Adenda por US$10 millones que firmó Díaz Rúa fue para cubrir los gastos de supervisión técnica, así como el pago del seguro de crédito a la exportación, como está establecido en el contrato.

Autopista del Coral. Núñez recordó que esa obra fue concursada y adjudicada a Hormigones Moya en la gestión de Miguel Vargas Maldonado, es decir, antes de agosto del 2004 cuando Díaz Rúa llegó a Obras Públicas.
Agregó que fue Vargas Maldonado quien llamó a licitación pública para esa obra, y entre las compañías participantes estuvieron Manuel Soto y Asociados, Dragados, Obras y Proyectos, S.A.; Nexo Entrecanales o Cubiertas, S.A., Hormigones Moya, S. A, Moya Supervisores y Construcciones, S. A.
“Es después de eso que se da la adjudicación; cuando eso Díaz Rúa ni era secretario de Obras Públicas ni estaba en el Inapa”, sostuvo.
Corredor Duarte. Valerio argumentó que la declaratoria de emergencia o de urgencia permite la ampliación del procedimiento especial establecido en el Reglamento 543-2012 que regula la aplicación de la Ley 340-06 del 18 de agosto del 2006, por lo que “resulta infundada la afirmación de que, al no observarse el procedimiento de Ley 340-06, la concesión se realizó de grado a grado y sin concurso.
Dijo que en el caso de los contratos cuestionados en el Corredor Duarte (que incluye el túnel de la UASD), rige el procedimiento especial para situaciones de urgencias previstos en el artículo 4 numeral 7 del reglamento de marras.
Agregó que aún cuando el Ministerio Público se limita a imputar que esas obras fueron concedidas grado a grado, sin concurso y desnaturalizando el alcance y el fin de los decretos presidenciales 618-2012 y 619-2012, “no consta en la glosa procesal ningún elemento que nos permita verificar el incumplimiento de este procedimiento”.
Igual argumentación hizo para el caso de la carretera El Río-Jarabacoa, para la cual se emitió la Resolución de Urgencia número 09/2010; Poder Especial número 165-10, del Presidente de la República, y la excepción presupuestaria al 25%.
Valerio dijo que también en el caso de la carretera Casabito-Constanza, hubo dos decretos de emergencia conforme a la Excepción de la Ley 340-06: el número 627-07 del 31 de octubre del 2007, y el 461-0 del 17 de junio del 2009, por lo que Díaz Rúa no violó nada.


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