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El País

Crecimiento económico sostenido no logra bajar la informalidad laboral

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A pesar del crecimiento sostenido de la economía en los últimos años, así como la reducción del desempleo, en la República Dominicana los avances no se reflejan en una disminución sustancial de la informalidad laboral, sino que por el contrario, el trabajo informal se mantuvo en niveles estables en los últimos cuatro años.
De hecho, para el tercer trimestre de 2018 en el país había 2.2 millones de trabajadores informales, representando el 58.2 % del empleo total.
Estas informaciones están contenidas en el boletín “La informalidad laboral en el contexto del desarrollo social”, del Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo de la Vicepresidencia de la República.
El informe cita que la informalidad es una situación mayormente negativa y que precariza el empleo. Apunta entre los factores que provocan aumento de la informalidad en las economías, la intervención excesiva del Estado en el mercado de trabajo; el déficit de empleos formales debido a la estructura de las economías en desarrollo; y las nuevas cualificaciones exigidas en el mercado de trabajo por las tecnologías.
Limitantes. Asimismo indica que desde la óptica del desarrollo social, una de las características más negativas de la informalidad es la carencia de acceso a beneficios de protección social del Estado, los cuales solo se obtienen a través de la estructura formal y marcos normativos.
Sin embargo, destaca que la informalidad no siempre implica pobreza, ya que aunque los salarios disponibles más altos se encuentran en el sector formal, el ingreso promedio del informal es superior al salario mínimo (15,016 pesos).
Sin embargo, el encontrarse fuera del marco de protección, coloca a los individuos en situación de vulnerabilidad ante choques externos y debilita su acceso a derechos fundamentales, como la salud o la seguridad social.
Otro efecto del empleo informal es la disminución de la capacidad recaudatoria del Estado y, por ende, del financiamiento de los programas de protección social.
Sectores. El informe refiere estadísticas del Banco Central que sitúan al sector agropecuario y la construcción como los sectores con mayor informalidad, seguidos por el transporte, el comercio, los hoteles, bares y restaurantes, y la categoría de otros servicios.
En el caso de la agricultura y la construcción se explica por los ciclos de producción irregulares o proyectos que generalmente se traducen en contratos de corto plazo. Otro factor que contribuye con el nivel de informalidad es el tamaño de las empresas del sector.
Diferenciadas. El observatorio señala que las estrategias para formalizar el empleo de las grandes industrias no deberían de ser las mismas para las pequeñas empresas o las de familias rurales.
Alerta que la agricultura, la construcción, el trabajo doméstico, los sindicatos de transporte público, y los puestos de comercios ambulantes e informales constituyen grupos vulnerables para los cuales no existe un mecanismo de acceso a la protección social, o en el caso del trabajo doméstico, su implementación es insuficiente.
Además, que algunos de estos grupos son transversalizados por la mano de obra extranjera no regularizada, lo cual complejiza aún más un proceso de integración a los sistemas de protección.

Advierte que los trabajadores informales habitualmente están expuestos a inseguridad e inestabilidad laboral, falta de prestaciones laborales, entre otros; esto a su vez es agravado en el caso de las mujeres, dado los patrones culturales existentes que aún prevalecen, inclusive en los espacios de trabajo.
En adición, los enfoques actuales para medir informalidad no reconocen el trabajo doméstico y de cuidados que realizan las mujeres en sus hogares, que comparten muchas características con el trabajo informal típico en cuanto acceso de derechos.

Recomendaciones. El informe plantea que debido a que el empleo informal es una realidad ineludible dadas sus proporciones dentro de la economía y como fuente de sustento para gran parte de la población, por lo que las regulaciones para el equilibrio social, la protección social y el sistema tributario deben ser inclusivos.
Sugiere que esto podría lograrse mediante la universalización del sistema de tributación y aportes a la seguridad social, incluso fuera de estructuras de trabajo formales. También el desarrollo de sistemas de incentivos y sanciones equilibrados, con el fin de que los cambios no tengan un efecto contraproducente.


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