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AFP

Argentina dicta sentencia hoy por encubrimiento del atentado a AMIA hace 25 años

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El expresidente argentino Carlos Menem, su jefe de inteligencia y un exjuez, están entre los 13 acusados, esperan este jueves el veredicto en un juicio por el desvío de la investigación del atentado al centro judío AMIA en 1994.

La sentencia se conoce tras 25 años del peor atentado de la historia argentina, que hizo volar el edificio que albergaba la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y otras instituciones judías, causando 85 muertos y 300 heridos el 18 de julio de 1994.

Hasta ahora no hay detenidos por el atentado. Nadie reivindicó su autoría, pero Argentina acusa a Irán de haberlo organizado.

En otro atentado que destruyó en 1992 la Embajada de Israel en Buenos Aires, 29 personas murieron y 200 resultaron heridas. Israel también responsabilizó a Irán.

Cuatro años después del inicio de este juicio por encubrimiento, los familiares de las víctimas esperan “que todos sean condenados”, dijo a la AFP Adriana Reisfeld, presidenta de Memoria Activa, una de las agrupaciones querellantes que denunciaron el encubrimiento en 1997 y enfrentadas con la dirigencia judía.

“El encubrimiento para nosotros después de 25 años es realmente tan importante como la investigación del atentado en sí, porque no dejaron que supiéramos la verdad”, afirmó la dirigente, cuya hermana Noemí murió en el ataque a los 36 años.

Menem en el banquillo

La fiscalía pidió cuatro años de prisión para el expresidente (1989-1999) y senador Menem, de 88 años, quien goza de fueros parlamentarios y no puede ser detenido aunque sí juzgado.

Antes de la lectura de la sentencia este jueves en los tribunales de Buenos Aires, Menem tendrá derecho a declarar su inocencia por última vez, lo mismo que su exjefe de Inteligencia Hugo Anzorreguy.

En el inicio del proceso, el expresidente había dicho que contaba con información secreta sobre el caso pero que no podía revelarla.

“Se trata de razones de Estado que pueden afectar al gobierno actual, a los intereses de la nación y la convivencia pacífica con otras naciones”, dijo su abogado en 2016.

No es el primer proceso contra el exmandatario. En 2013, Menem fue condenado a siete años y medio de prisión por contrabando de armas a Croacia y a Ecuador, aunque luego la justicia lo absolvió por “excederse los plazos razonables” para probar el delito.

En 2015, fue sentenciado a cuatro años y medio de cárcel por pago de “sobresueldos” (sin declarar) a altos funcionarios.

“Miserias

La mayor pena pedida por la fiscalía es de 13 años de prisión y recayó en el exjuez federal Juan José Galeano, a cargo de la causa por una década y quien dijo haber “dejado el alma para llegar a la verdad”.

En su defensa, el exjuez afirmó que “la investigación de la AMIA fue víctima de la miseria de la interna de los servicios de inteligencia y de seguridad”.

Otros dos pesos pesados en el banquillo son Hugo Anzorreguy y Rubén Beraja, expresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), para quienes la fiscalía pidió seis y un año de prisión, respectivamente.

Otros acusados son el exjefe policial José “Fino” Palacios, quien estuvo al frente de la Unidad Antiterrorista, y los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.

Integra la lista, el vendedor de autos robados y “soplón” de la policía Carlos Telleldín, el último propietario la camioneta usada en el atentado.

Galeano está acusado de pagarle 400.000 dólares a Telleldín para que señalara a una decena de policías argentinos como supuestos facilitadores del atentado.

En 2004, tras casi una década en prisión, los policías y el propio Telleldín fueron absueltos por un tribunal que anuló la instrucción de Galeano debido a irregularidades.

El fiscal Miguel Yivoff lamentó que algunas pistas hayan sido dejadas de lado, como la llamada “pista siria”, que llevaba al empresario de origen sirio Alberto Kanoore Edul, un conocido de Menem, también descendiente de sirios.

Otra causa por encubrimiento fue abierta en 2017 contra la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015), por impulsar un pacto con Irán para que un juez argentino pueda tomarle declaración en Teherán a los altos funcionarios iraníes acusados. Ese acuerdo quedó en letra muerta.


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